En tiempos de crisis económica mundial y reordenamiento geopolítico, causado principalmente por un rentismo parasitario de las potencias, por los mismos que impusieron “una economía y una democracia del 1%, por el 1% y para 1%”, como señala Joseph Stiglitz (2020), y que no les importa “matar al huésped” (Michael Hudson, 2016), se hace necesario vencer al poder de la derecha oligárquica y populista en el país articulada sumisamente a esos poderosos.

Las fuerzas conservadoras y retardatarias instauraron en el Perú una potente cleptocracia para ejercer poder sobre clases medias pauperizadas y cada vez más, un amplio sector de nuestro pueblo queda empobrecido. Esos que tomaron el poder desde 1990 con el fujimorato, seguido por los gobiernos de Toledo, Ollanta, Alan García, PPK y Vizcarra, todos salvajes corporativos, neoliberales; a las que se suma, irremediablemente, el gobierno de Pedro Castillo.

Ellos, agrupados en partidos de derecha, pretenden mantener el statu quo mediante el sostenimiento de un contrato social monstruosamente saqueador, empobrecedor y autodestructivo como es la Constitución de 1993. Qué duda cabe que, en la actualidad, han ejercido poder por encima de la voluntad popular, en una clara actitud antidemocrática y dictatorial, sobrepasando la decisión de cambiar el destino de los desfavorecidos, expoliándolos. Por eso, la conquista del poder para el pueblo se vuelve a poner vigente, como antaño, como hoy, como siempre. Esta tarea está reservada para los izquierdistas y socialistas, para las fuerzas progresistas que optan por cambios radicales en nuestra patria.

Esa derecha y lo peor de las fuerzas conservadoras se niegan al cambio de la Constitución fujimorista y, sin embargo, la retuercen y la envilecen con cambios que hoy procesan en el Congreso que tienen bajo su control, blindando toda posibilidad de sustitución de la misma, mediante leyes aprobadas en tiempo récord. Sus fundamentos obvian el crecimiento de la pobreza multidimensional, el enriquecimiento de unos pocos a costa de la más vil explotación de los trabajadores y el ambiente, manteniendo los beneficios del latifundio costero frente el hambre de los más desfavorecidos, la destrucción del sistema de salud, de la educación, la explotación de la clase trabajadora y el reinado de los monopolios y oligopolios, comprobados palmariamente durante la pandemia COVID 19.

Un país tan rico no puede vivir en condiciones infrahumanas. Nos hablan de crecimiento mientras se embolsican el dinero los que no trabajan. La burguesía financiera se enriquece de manera rentista haciéndose dueño de las decisiones de la política monetaria, y la burguesía burocrática mantiene los designios del gobierno y el Estado a intereses de ese pequeño grupo cleptómano que quiebra la patria. Les conviene el caos para seguir parasitando un país que ya no da para más. Y por si pareciera poco, han decidido atornillarse en el poder, por eso hoy ante el descontento popular, ante los gritos de “que se vayan todos”, “nueva constitución” y “cierre del congreso”, están ejecutando una vacancia presidencial o una inhabilitación vía juicio político del Presidente y la Vicepresidente de la República; estos hechos de concretarse serían totalmente constitucionales, y con ello asegurarían el ejercicio del poder hasta el 2026.

La presencia del pueblo en las calles de manera masiva aguijoneados por el hambre producto de la crisis mundial, en un marco de desprestigio del Ejecutivo y Legislativo, será reprimida a sangre y fuego, la paz de los cementerios es su sello, de esto ya lo conocemos, porque por años hemos pagado con la sangre de los nuestros estos altos costos de la derecha.

Frente a este caos, a esta acción concreta de la derecha parlamentaria y sus emisarios, de no permitir un cambio en las reglas de juego plasmados en la espuria Constitución de 1993, afianzar su permanencia en el poder sin ganar elecciones democráticas y disponer de ella en desmedro de los empobrecidos; la izquierda, los progresistas y socialistas tenemos la necesidad de plantear nuestra posición a esta apremiante situación; y lo decimos claramente:

Debemos caminar a la refundación de la patria en unidad, cuyo cimiento debe ser una nueva Constitución Plurinacional y Popular. Somos conscientes que ésta no se gestará sola, ni por benevolencia de los opresores, sino por la lucha concreta de nuestro pueblo; por eso convocamos a las fuerzas del campo popular a organizar los comités de apoyo por una Nueva Constitución en barrios, mercados, comunidades campesinas, etcétera, vamos a una movilización popular de ejercicio de poder y que el pueblo tome en sus manos sus asuntos. Es tiempo de unir a los partidos de izquierda, clase trabajadora y los campesinos en un puño; son tiempos de ejercicio de poder popular y de afianzar la democracia real en la arena política.

Empuñando fuertemente nuestras visiones de patria, de conquistar el poder para el pueblo y que gobierne la democracia, para enterrar definitivamente esta cleptocracia beneficiosa a la oligarquía y autodestructiva para el país. Para ello será necesario el cierre del Congreso, única trinchera de la derecha para ejercer poder contra nuestro pueblo, el gobierno tiene la obligación moral, porque el camino constitucional vía la cuestión de confianza para los asuntos de política de gobierno está en su potestad (segunda reforma agraria, sobre la doctrina de la educación, los derechos laborales y combatir el latifundio y monopolios, por decir algunos); por eso, lo conminamos a que ejecute esa herramienta constitucional y no termine pagando el saldo de su felonía .

Llamamos a la más amplia lucha popular, porque el poder que se tiene y no se ejerce es ausente, y es esto precisamente lo que los opresores necesitan para seguir expoliando al Perú.

En horas aciagas como esta, levantamos la bandera de Mariátegui y llamamos a peruanizar al Perú, son tiempos de cambio, son tiempos de unidad para luchar y para vencer.

Humberto Morales Ramírez

Sec. Gral. Convergencia Socialista

Ayacucho, 04 de junio de 2022.