El Proyecto de Ley 1840/2021-PE presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, no es fruto de una actitud reflexiva del señor Castillo, sino de la demanda generalizada de nuestro pueblo. El proyecto ha puesto en evidencia la desesperación del Gobierno y, a la vez, la soberbia e irracionalidad que prima en el desprestigiado “Primer Poder del Estado”. Una Nueva Constitución no es una cuestión de encuestas, sino de cambiar las reglas de cara a la refundación de la patria. Con el Proyecto de Ley 1840, se abre un escenario potencial para el momento constituyente.

Contexto social y político

Se entrega el proyecto en el marco de protestas populares a lo largo y ancho del país, en el campo y la ciudad. Transportistas, agricultores, comuneros, ollas comunes, maestros, entre otros, expresan su malestar y piden “que se vayan dodos”, el “cierre del Congreso”, el “cumplimiento de compromisos”, hasta llegar incluso a demandar la “renuncia de Castillo”. La protesta es respondida con represión bajo estado de emergencia, sumando muertos y heridos a los que ya tenemos hasta la fecha. Todo hace suponer que, ante la falta de estrategia para tratar la conflictividad social, la protesta escalará pese a su política represiva.

El factor desencadenante de la convulsión social ha sido el alza del costo de vida derivada de factores internacionales y, sin duda, resultado del incumplimiento de compromisos de campaña y la carencia de políticas públicas para responder al proceso inflacionario que ya alcanza el 8%. El pueblo sabe perfectamente que hay factores externos, pero también sabe que internamente el Gobierno no muestra convicción para luchar contra quienes encarecen la vida desde monopolios y oligopolios, como es el caso de los alimentos y combustibles.

Para poner más leña al fuego social y demostrando un servilismo obcecado al gran capital, el Congreso busca aprobar el Proyecto de Ley 804/2021-CR, por el cual se amplía el control privado de nuestros recursos petroleros en lugar de convertir a Petroperú en operador de los Lotes que tienen contratos con inminente vencimiento. No solo se trata de “equiparar” los plazos de la explotación petrolera con los del gas, sino de la más ruin estrategia de anular cualquier posibilidad de rentabilizar la Refinería de Talara, cuya modernización le ha costado al Perú más de US $ 5 mil millones.

Ante la ola de protestas, los “estrategas” de Palacio pusieron en marcha los Consejos de Ministros descentralizados. Sin embargo, estos se han convertido prácticamente en asambleas populares que, pese a los esfuerzos por “controlar” la opinión de los protagonistas de las protestas, terminaron en duros reveses para el gobierno de Castillo. Luego de firmar compromisos a diestra y siniestra, el presidente no tuvo más remedio que retomar la bandera de la Nueva Constitución, abandonada una y otra vez por él y sus 4 primeros ministros. El PL 1840 no es un acto político cualquiera; es un acto de trascendencia histórica que debemos abordar con la más absoluta seriedad.

El Proyecto de Ley y la línea de conducta

El PL 1840 es una conquista de las luchas populares en curso. Eso debe quedar bien claro para el señor Castillo y la derecha golpista. Por mucho que se ponga en duda su viabilidad en el Congreso, constituye un gesto de audacia política que no esperaban tirios ni troyanos. Corresponde a las fuerzas de izquierda convertirlo en realidad.

Sabemos que el Congreso, tal como ya adelantó la “ilustre” Maricarmen Alva, se opondrá con argumentos deleznables y alejados de toda racionalidad política. Entonces, desde la izquierda debemos sacar la discusión del antro ocupado por reaccionarios para volcarlo a las calles, a nuestros barrios, nuestras familias, nuestros amigos, que son parte del pueblo que finalmente tomará la decisión.

Corresponde, entonces, organizar los Comités Populares por la Asamblea Constituyente, en defensa del derecho soberano del pueblo a decidir su propio destino. Junto a ese trabajo, debemos empoderar a hombres y mujeres, juventudes, niños y niñas del Perú con la Nueva Constitución que reemplace a la Constitución fujimorista de 1993, protectora de monopolios y oligopolios, corruptos y corruptores, que impiden que el desarrollo del país.

En esa ruta, nos atañe la tarea de articular la protesta popular para que no sea manipulada por la derecha reaccionaria. A ese respecto, es responsabilidad de todas las izquierdas construir, aquí y ahora, un FRENTE ÚNICO con presencia de partidos políticos y organizaciones populares que, en un marco de visiones compartidas, den orientación política y estratégica a la protesta popular en ascenso. Somos pocos, necesitamos sumar y unir para luchar por una sola causa: una Nueva Constitución.

Firma la Comisión Política Nacional de Convergencia Socialista.