Por: Elizabeth León (Agrónoma y excongresista). 

FEUDALISMO INCOMPLETO

Los autores marxistas o de orientación marxista han indicado que el modo de producción feudal no se dio en estado puro, sino que se combinó con rasgos de otros modos de producción, es decir que se estableció un sistema feudal con ciertos rasgos capitalistas, al que se puede denominar por ello "feudalismo incompleto", "semifeudalismo", "feudalismo de una nueva variedad" etc. El fundamento de esta formación social, estaba caracterizada por la propiedad de los señores feudales (la nobleza y el clero) mejor llamados hacendados sobre el que entonces era el principal medio productivo: la tierra, y por la propiedad limitada de ellos sobre los productores inmediatos: los indios que tenían la condición de siervos.

En forma de una renta sobre el trabajo (prestaciones personales), de la renta de los productos o de la renta sobre el dinero, los hacendados se apropiaban con ayuda de la coacción extraeconómica del excedente del trabajo que obtenían los indios siervos de la parte de la tierra que les había sido proporcionada por los hacendados a fin de que la cultivaran.

Esta explotación dio lugar a la lucha de los hacendados y los indios, lucha librada por los siervos/indios inicialmente contra la agudización de la explotación y posteriormente contra el mismo orden feudal.

La declaración del castellano como el idioma oficial en 1825, constituyó un acto de segregación cultural, el descontento no se dejó esperar: se desarrollaron rebeliones en gran parte de la zona sur del país, también conocida como “la mancha india” o el “trapecio andino”. En Puno y Cuzco se localizaron numerosas y endémicas rebeliones de indios, hasta llegar a la gran sublevación indígena que abarcó los departamentos de Cuzco, Puno, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, entre 1920 y 1923. Esta sublevación provocó la invasión de muchas haciendas y el ajusticiamiento de varios gamonales. Después de esta experiencia, las relaciones entre los hacendados y los indígenas del sur no volvieron a ser las mismas.

Estos fueron algunos de los motivos que propiciaron el surgimiento del movimiento “indigenista”. El indigenismo fue promovido desde el Estado por el presidente Augusto B. Leguía (1919-1930), quien hasta 1923 mantuvo una apertura política que permitió el crecimiento de diversos movimientos sociales. El mismo Presidente creó en 1922 el Patronato de la Raza Indígena. Es muy probable que el discurso populista proindígena de Leguía fuera un terreno propicio para el desencadenamiento del levantamiento indígena del sur del país entre 1920 y 1923. El incumplimiento de sus promesas electorales fue generando la difusión de movimientos de protesta que terminaron por desbordar la capacidad de control del Estado. Se hizo necesario el viraje hacia un sistema autoritario.

Los creadores y difusores del indigenismo no fueron indios. Tanto en Cuzco, en Puno como en Lima, estuvo integrado por miembros de las clases medias provincianas (ya descontentas con el centralismo) o por sectores de la aristocracia limeña, ligada de alguna manera a la oligarquía, salvo en el caso de José Carlos Mariátegui.

Un buen sector de los indigenistas, sobre todo cuzqueños, fue cooptado por el socialismo limeño, donde sobresalían las figuras de Haya de la Torre y Mariátegui. En 1927, parte del grupo de indigenistas cuzqueños organizaron una célula aprista, la cual al año siguiente se pasaría al partido socialista de Mariátegui.

El socialismo no solamente es una visión del mundo y una interpretación de las relaciones sociales, es también una guía para la acción política de la clase trabajadora. Y a la clase trabajadora se la distingue de acuerdo a la actividad que realiza al interior del proceso productivo, o por el tipo de trabajo que desempeña. Desde esta perspectiva, a los trabajadores se les clasifica fundamentalmente como obreros o campesinos y no como blancos o indios. A partir de entonces, al indio que trabajaba en el campo se le empezó a llamar “campesino”. Este cambio se oficializará cincuenta años más tarde, en la década del 70, cuando el Gobierno del Gral. Juan Velasco modificó el nombre del “Día del Indio” por el “Día del Campesino”.

Mariátegui nos dice “La reivindicación que sostenemos es la del trabajo. Es la de las clases trabajadoras, sin distinción de Costa y Sierra, ni de indio y cholo. Si en el debate —esto es en la teoría— diferenciamos el problema del indio, es porque en la práctica, en el hecho, también se diferencia” (Mariátegui, 1927). “El socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas, de la clase trabajadora. Y en el Perú las masas —la clase trabajadora— son en sus cuatro quintas partes indígenas. Nuestro socialismo no sería, pues, peruano —ni sería siquiera socialismo— si no se solidarizase, primeramente, con las reivindicaciones indígenas... Y en este ‘indigenismo’ vanguardista... no existe absolutamente ningún calco de ‘nacionalismo exótico’, no existe, en todo caso, sino la creación de un ‘nacionalismo peruano’” (Mariátegui, 1927).

A partir de las décadas de los 30 y 40 del siglo XX, las distintas acciones que desarrollarán los campesinos estarán ligadas, de alguna manera, ya sea al Partido Aprista Peruano (PAP) o al Partido Comunista (PC). El PAP incorporará a los campesinos en su partido de “Frente Único” de clases, junto a la clase media y a los obreros (Haya de la Torre, 1936). Por su lado, el PC también incluirá en su política de alianzas a la clase campesina, para ir formando con el tiempo una sólida alianza obrero-campesina capaz de realizar la revolución proletaria en el Perú.

En efecto, fue muy significativa la cantidad de sindicatos agrarios y comunidades campesinas que se legalizaron. Los niveles de movilización campesina, tanto en la Sierra como en la Costa, fueron de los más altos de la historia del Perú hasta ese entonces (Mejía, 1978). Las huelgas en la Costa y las invasiones de tierras en la sierra generaron las condiciones para la creación de la Federación General de Yanaconas y Campesinos del Perú, en 1947. Más tarde, se crearían la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP) y la Confederación Campesina del Perú (CCP).

El sistema político autoritario que reinstaura la dictadura del Gral. Odría (1948-1956) trajo inicialmente como consecuencia un reflujo del movimiento campesino. Pese a ello, desde 1950 hasta 1964 se pudo apreciar una gran movilización campesina en el nivel nacional, simultáneamente con una oleada de venta de tierras (1950-60) por parte de los hacendados, que hizo presagiar temporadas tormentosas en el sector agrario.

Entre 1956 y 1964, ya bajo el gobierno de Manuel Prado (1956-62) es posible identificar hasta 413 movimientos campesinos, y sólo en el año de 1962 se pueden contar más de 70 haciendas invadidas por campesinos (en su mayoría, movimientos de “recuperación” de tierras arrebatadas por los hacendados). El movimiento más importante se dio en los valles cuzqueños de Lares y la Convención, entre 1956 y 1962, coincidiendo exactamente con el período de gobierno de apertura democrática de Prado. El líder más importante de este movimiento fue Hugo Blanco, mestizo, con estudios universitarios en Argentina y de inspiración trotskista, alentó con éxito la sindicalización, las huelgas y las invasiones para recuperar las tierras ex-comunales en dichos valles cuzqueños. El eco del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 contribuyó al afianzamiento de la presencia de los partidos marxistas al interior del movimiento campesino.

LINEA DE TIEMPO DE LA REFORMA AGRARIA

El Presidente Prado nombró una comisión de alto nivel con el objetivo de elaborar un proyecto de reforma agraria. Dicho proyecto estuvo listo en las postrimerías de su Gobierno y optó por no implementarlo. Su sucesor, Fernando Belaunde (1963-68), prometió durante su campaña electoral promulgar la Ley de Reforma Agraria; una vez en el poder, no tuvo la capacidad política para implementarla. Una de las primeras consecuencias fue el estallido de las guerrillas del MIR y del ELN (1964-65) derrotadas fácilmente, y el posterior golpe militar del Gral. Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968.

La reinstauración —una vez más— de un sistema político autoritario, de dictadura militar, hacía presagiar la repetición de experiencias militares anteriores. Velasco Alvarado sorprendió a “tirios y troyanos” al iniciar el proceso de reformas sociales y económicas más importantes en lo que va de la República. Después del Gobierno de Velasco, para bien o para mal, el Perú fue otro.

La primera Ley de trascendencia que dio su Gobierno fue la Ley de Reforma Agraria en 1969. Esta medida ha sido considerada como una de las más radicales que se hayan tomado en América Latina, quizá solamente comparada con la reforma agraria cubana.

Fue durante el gobierno de Velasco (1968-1975) cuando se dio el proceso de democratización social más importante en el Perú. Paradójicamente, fue un gobierno autoritario el que entregó las mayores cuotas de poder político en el nivel local, ya sea a los campesinos de la Costa o de la Sierra. Las organizaciones campesinas (Ligas Agrarias) creadas desde el Estado reemplazaron en muchos rincones del país a los antiguos poderes locales. Sólo este hecho abrió las puertas a una dinámica de cambio social que aún no terminamos de vislumbrar.

En el aspecto cultural, el velasquismo desplegó una política dirigida a revalorizar la tradición andina y popular. Túpac Amaru, mestizo y revolucionario, fue uno de los símbolos de la reforma agraria y parte esencial de la parafernalia del régimen militar. La declaración del idioma quechua como lengua oficial del Estado —junto con el español— fue un reflejo de una tendencia neoindigenista a finales de la dictadura de Velasco.

Este gobierno militar creó en 1971 el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) con la intención de promover la creación de movimientos sociales de tipo gremial, para poder estructurar y controlar, en cierto modo, el sistema político que desearon implantar en el Perú: la Democracia Social de Participación Plena. Este modelo implicaba la creación de instituciones de gobierno integradas por representantes de los diferentes gremios del país. Fue un proyecto de tipo corporativo, que antes ya había sido planteado por intelectuales y políticos peruanos, tales como Víctor Andrés Belaunde y Haya de la Torre.

En esta dirección, el Gobierno creó sus ‘propias’ organizaciones gremiales: en 1972 se fundó la Confederación Nacional Agraria (CNA), y en diciembre del mismo año la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP). En el mes de febrero de 1973 salió a la luz la flamante Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI).

Al amparo del sector progresista del velasquismo —que dominó el poder durante gran parte del tiempo que duró dicho Gobierno— surgieron y crecieron numerosos movimientos sociales y se legalizaron una cantidad jamás vista de sindicatos en plazos bastante cortos.

Respecto al movimiento campesino, el surgimiento de nuevas organizaciones y la expansión de las ya existentes, tampoco tuvo parangón en la historia del Perú. La Confederación Campesina del Perú (CCP) organizó sus III y IV Congresos Nacionales en los años 1970 y 1973, lo cual significó la reorganización y revitalización de este gremio que fomentó durante la década del 70 algunas tomas de tierras en la Sierra del Perú. Tuvo una posición de confrontación al régimen militar, aunque algunos de sus partidos influyentes llegaron a plantear un ‘apoyo crítico’ al velasquismo.

La Confederación Nacional Agraria (CNA) fue, sin lugar a dudas, la organización campesina más grande y representativa durante las décadas de los 70 y 80 en el Perú. Si bien su crecimiento se debió inicialmente al apoyo del Estado, a partir de 1976, después del golpe del Gral. Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) fue declarada ilegal debido a su actitud de franca oposición al desmontaje de las reformas iniciado por el nuevo gobernante.

Legitimada por su representatividad, aunque ilegal aún, la CNA logra reorganizarse en el nivel nacional a partir de su masiva VII Asamblea Nacional de Delegados, realizada en Cajamarca en diciembre de 1980. Ya reactivada y con un nivel de autonomía política considerable —a diferencia de otros gremios—, la CNA realizó su III Congreso Nacional en junio de 1982 (Junín), evento que contó con la participación de delegados de todos los gremios campesinos del Perú. Ya en esta época, la CNA se había convertido en el movimiento campesino más importante del país, con una orientación socialista y nacionalista capaz de convocar al conjunto de las organizaciones agrarias del país.

Es así como en octubre de 1982, la CNA convoca al resto de gremios campesinos para la realización de un paro (huelga) nacional. La mayoría y las más importantes de estas organizaciones aceptaron y se incorporaron al Comité Central de Acción, organizador de la medida de fuerza. De esta manera se gestó y realizó el Primer Paro Nacional Campesino en la historia de la República del Perú. Entre el 25 y 26 de noviembre de 1982, la mayoría de los campesinos del Perú detuvieron sus labores y bloquearon gran parte de las carreteras del país. Al año siguiente se realizó el II Paro Nacional Agrario, con un nivel menor de contundencia.

Fue a partir de 1983 cuando el movimiento campesino entró en un proceso de repliegue, debido a que el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso - SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) ya comenzaban a desplegar sus acciones con mayor amplitud territorial, con el consiguiente proceso de militarización del espacio rural. La lógica de la guerra desplazó a la actividad política en el campo peruano.

Desde aquel entonces hasta la fecha, no se han podido reconstituir aún las organizaciones agrarias en el Perú. Parecería que los ecos de la guerra y de la muerte todavía perviven y flotan en la atmósfera de algunos predios del campo peruano.

Conforme el marxismo fue introduciéndose desde la década del 30 del siglo XX en la sociedad peruana, la percepción que se tenía del campesino se fue modificando poco a poco, convirtiéndose con el tiempo en un potencial “sujeto revolucionario”, junto con el proletario.

La concepción de la necesidad de una alianza obrero-campesina como eje de la revolución proletaria en el Perú, con el andar de los años comenzó a constituirse —al interior de la izquierda marxista peruana— en una idea aceptada unánimemente. El habitante rural ya no era solamente un indio y un campesino, debía ser además un revolucionario, una clase revolucionaria con una misión histórica muy clara que cumplir: hacer la revolución y construir el socialismo en el Perú. Esta transformación del campesinado en actor protagonista del proceso revolucionario se afianzará a partir de la ruptura del movimiento comunista internacional (China - URSS) a comienzos de la década del 60, hecho que provocará también en el Perú la división del Partido Comunista del Perú (Unidad) prosoviético, y la aparición de otro Partido Comunista del Perú (Bandera Roja) prochino. Debido al sesgo “agrarista” que Mao Tsetung le imprimió a la revolución China, sus planteamientos se difundieron fácilmente en los países subdesarrollados, con poblaciones campesinas extensas y pobres, como las del Perú.

El maoísmo plantea que en países agrarios y atrasados, el papel del campesinado pobre debe ser de primer orden en el proceso revolucionario, incluso más importante que el del proletariado. El campesinado pobre debía ser “el motor de la revolución”. La mayoría de los partidos con influencia en la CCP adoptaron esta posición respecto al papel del campesinado, pero quien mejor llevó a la práctica las enseñanzas de Mao Tsetung fue el Partido Comunista del Perú (SL). SL le declaró la guerra al Estado peruano en 1980. Reclutó para su causa a un alto porcentaje de pobladores indígenas de las alturas andinas. Después de una primera etapa de expansión de este movimiento debido a su actuar “justiciero”, de acuerdo al decir campesino de esa época, SL comenzó a realizar una serie de acciones demenciales y terroristas que fueron enfrentándolo no sólo con la opinión pública, sino con los propios dirigentes populares y campesinos de la izquierda revolucionaria. La presencia de SL y el MRTA (desde 1982) en el campo por más de una década, obligó al movimiento campesino a replegarse y a desintegrarse lentamente, hasta el presente.

Al desastre ocasionado en el agro, ya sea por una reforma agraria con errores e incompleta, o por la violencia de SL y el MRTA, se le sumó después la política neoliberal del Fujimori, que no ha permitido la recuperación de este sector de la población peruana. La crisis, profunda y persistente, provocada por el abandono estatal del campo, hace presagiar nuevas formas de organización y lucha de los campesinos, muchos de ellos llamados ahora productores agrarios.

Hoy 50 años después, comprobamos que el Perú es un país que tiene una de las estructuras de propiedad agraria más concentradas del continente. En 1969 el 0.4% de los propietarios poseían el 75.9% de la propiedad de la tierra, mientras que el 85% de propietarios tenían solo el 5.5% de la propiedad. Hoy podemos hablar de una nueva forma de neo latifundización, o latifundio de nuevo tipo, donde las grandes empresas principalmente agroexportadoras controlan y concentran la tierra, la producción, la comercialización, la transformación, y la distribución de la producción agraria. Con el aval del Estado con la ley de promoción agraria que da beneficios tributarios y carta blanca para la explotación laboral de los trabajadores del régimen agrario.

El estado es uno de los principales protagonistas: Transfiere las tierras del Estado a las grandes empresas, desplazando a los pequeños productores, a las comunidades. Ejecuta grandes obras hidráulicas subsidiando a los grandes inversionistas. Un ejemplo es la irrigación Olmos: de las 38,000 hectáreas irrigables, 15,600 has. han sido vendidas al grupo Gloria, 10,000 has. a Odebrech y 4,000 a Parfen SA. El subsidio otorgado a Gloria por el estado asciende a 234 millones de dólares.

Una sola empresa tiene ahora en el Perú 80,000 has. de las mejores tierras de la costa, mientras tanto 2 millones 300 mil pequeños productores de agricultura familiar, comunidades campesinas y nativas que alimentan al Perú claman por títulos de propiedad, y por el apoyo del estado con crédito, asistencia técnica y promoción comercial.

Resulta fundamental examinar el dinamismo agrario en su relación con los entornos territoriales, y descubrir en ese examen cómo la agricultura forma parte de una realidad mayor: el espacio rural y regional. Desde una perspectiva territorial existen dos procesos estrechamente relacionados: a) la influencia del territorio sobre la agricultura, es decir, los condicionantes territoriales en la conformación de segmentos agrarios diversos; y b) el papel determinante de la agricultura en la configuración y ocupación de los territorios regionales.

La agricultura representa uno de los factores de mayor incidencia para configurar y establecer las modalidades de ocupación de los territorios de las regiones. Desde este punto de vista, se produce una alimentación recíproca entre la diversidad geográfica y ecológica de los territorios y las formas económicas y sociales que revisten las actividades agropecuarias, dando como resultado la conformación de espacios agrarios sumamente diferenciados y de carácter regional.

Más allá de la heterogeneidad y los distintos grados de modernidad presentes en su interior, uno de los rasgos más destacables de la agricultura peruana es la presencia dominante de la pequeña producción. Se concluye que el peso cuantitativo, su función de proveer los alimentos que demanda la población en el mercado interno, el control de una porción significativa de las tierras del país, y la gravitación social y cultural de las organizaciones sociales y productivas que históricamente ha construido, colocan a la pequeña producción agraria y rural como uno de los actores fundamentales y protagónicos de la escena nacional.