Perú es uno de los tres países de América Latina que cuenta con una relación estratégica integral con China, ambos países han firmado el Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 2010. Desde entonces, China ha logrado tomar una ventajosa posición en la economía del país, siendo hoy el primer socio comercial y el mayor inversionista del Perú, principalmente en el rubro de la minería.

Cuatro de los más grandes proyectos mineros representan más de 17 mil millones de dólares de inversión: Las Bambas-MMG, Toromocho-Chinalco, Marcona-Shougang y Río Blanco-Zijin. Sin embargo la expansión de la inversión china minera en el país se contrasta con las vulneraciones a los derechos humanos, laborales y ambientales en las zonas donde operan estos consorcios. De acuerdo al informe “sombra” realizado por la sociedad civil de Perú, estas cuatro empresas vienen vulnerando derechos como la libertad de asociación, la libertad de tránsito, el derecho a la salud y al medio ambiente sano, violación a las libertades sindicales y violaciones al derecho al trabajo en condiciones dignas y el derecho a la Consulta previa.  De acuerdo al informe “sombra” realizado por la sociedad civil de Perú, estas cuatro empresas vienen vulnerando derechos como la libertad de asociación, la libertad de tránsito, el derecho a la salud y al medio ambiente sano, violación a las libertades sindicales y violaciones al derecho al trabajo en condiciones dignas y el derecho a la Consulta previa. El informe Perú forma parte del informe regional de cinco países (Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Bolivia) que forman parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CIHDA).

La empresa minera china en cuestión es la mina Las Bambas-MMG, considerada la mayor inversión minera en la historia del Perú, con 10 mil millones de dólares de inversión, operado por el consorcio chino Minerals and Metals Group (MMG) desde 2015. Se ubica en Cotabambas, Apurímac, desde donde se extrae concentrado de cobre con subproductos de oro, plata y molibdeno. Uno de los principales cuestionamientos de la población hacía este proyecto es el cambio que se hizo en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en el 2011, el traslado de los minerales iba a ser por un mineroducto y se cambió por una carretera que, hasta la fecha, no ha sido asfaltada y atraviesa territorios de 18 comunidades campesinas, que se ven perjudicadas por el polvo, la vibración y el ruido de los 370 camiones que transitan a diario, contaminando el aire y el agua de las comunidades.

El EIA de Las Bambas ha sufrido siete modificaciones sustanciales, de las cuales cuatro se han producido por medio de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), instrumento que no permite la participación ciudadana por ser consideradas menores las modificaciones. “Se ha realizado tres cambios en el Estudio de Impacto Ambiental por el procedimiento regular, y hay cuatro por el procedimiento de Informe Técnico Sustentatorio, un procedimiento rápido de aprobación para cambios que se supone no son significativos, pero que en realidad sí lo están siendo”, explica Ana Leyva, directora de CooperAcción.

“Nosotros queremos que los funcionarios de la República Popular China nos escuchen, porque nuestros derechos están siendo violados por empresas las chinas en nuestro país, estamos siendo criminalizados, y no existe ningún acuerdo sostenible por parte de la empresa Las Bambas-MMG en Apurímac”, denuncia Víctor Limaipuma, miembro del Frente de Defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas.

La chispa que encendió la pradera en Cotabambas ha sido el cambio del mineroducto por la carretera, desde entonces el conflicto se mantiene latente en la zona, el proyecto Las Bambas tiene cuatro víctimas mortales, y opera bajo permanente estados de emergencia, la población tiene suspendido sus derechos constitucionales, como el libre tránsito y la seguridad personal. En vez que desde el Estado y la empresa minera se promueva el diálogo para una mejor convivencia entre población y empresa, desde hace dos años se ha suspendido inconsultamente la Mesa de Diálogo. Además, la criminalización de la protesta ha llegado a su punto más alto: más de 100 defensores vienen siendo investigados, y la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho (Apurímac) ha solicitado hasta 17 años de prisión a 19 dirigentes que participaron en una protesta contra la mina por no estar de acuerdo con una modificatoria sustancial del EIA de la mina.

El 2017 las operaciones de MMG produjeron 598.196 toneladas de cobre y de acuerdo a información de la propia mina la proyección de este año es de 560.000 a 590.000 toneladas de cobre y de 190.000 a 220.000 toneladas de zinc.

(Redacción: El Gran Angular).