El 90% de las microcuencas y afluentes del río Apurímac, son riachuelos y ríos negros que a metros de distancia emiten olores tóxicos. En las partes altas del El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM no solo se usan sustancias tóxicas para los cultivos de hoja de coca y otros productos, se elabora la cocaína en pozos de maceración con sustancias como cal, gasolina, ácido sulfúrico, soda cáustica y otros insumos de los que, luego de su utilización, los excedentes son arrojados a los riachuelos. Los pobladores manifiestan que “ya no sirven para bañarse y pescar”, que en los riachuelos ya no hay peces ni sapos.  

El cultivo de la coca, ha generado cambios en los comportamientos de los agricultores. La mayoría de los agricultores migrantes han olvidado formas de relación responsable con la tierra y el territorio, para dedicarse únicamente al cultivo para la ganancia de dinero, cueste lo que cueste y sin importar las consecuencias. Como la coca desgasta el suelo, el agricultor tiende a buscar nuevas áreas de cultivo, con lo que el proceso de deforestación y destrucción de la Amazonía se incrementa. El daño se agrava debido a las lluvias y las grandes pendientes de la zona que, sin la vegetación, arrastran los nutrientes naturales de las tierras hacia los ríos.

Dirigentes y voceros pretenden ignorar que la economía del VRAEM muestra signos de agroindustria ilícita de la coca (Waldo Mendoza: 2017), sobre todo predominante en tres distritos como Llochegua, Santa Rosa y Sivia. No obstante, los agricultores demandan migrar hacia economías líticas que el Estado no logra entender.

El VRAEM lleva más de 30 años en estado de emergencia, con pobladores que han crecido bajo operaciones militares de inteligencia y participación del Comando Conjunto, privados de derechos básicos y fuera orden democrático. Imágenes, atentados y discursos políticos han servido para implementar sucesivos planes y programas para la lucha contra el narcotráfico y la pacificación dejando de lado las políticas públicas de desarrollo, la cesión o niveles de articulación de funciones administrativas y territoriales. Se declara la zona en estado emergencia, se crean distritos, se otorgan más derechos pero también se suprimen para ejercer mayor control. El resultado ha sido que el grueso de la inversión pública no ha ido a resolver problemas del desarrollo, más por el contrario ha servido para engordar el bolsillo de los agentes de las fuerzas armadas y los diversos programas del Ejecutivo. La mala voluntad de PPK es pretender nombrar un Zar anti-narcoterrorista antes que ofrecer nuevas alternativas de desarrollo para el VRAEM. Las últimas manifestaciones cocaleras han demostrado que no les interesa resolver demandas históricas del VRAEM, mas por el contrario, el Jefe del PROVRAEM manifiesta abiertamente “que el problema del VRAEM no es la coca”. La marcha de cocaleros dejó en evidencia cómo el Ejecutivo, el gobernador regional de Ayacucho, los gobiernos locales y los dirigentes movieron sus influencias para asumir la dirección de programas de reconversión y lanzar sus candidaturas para las elecciones 2018, gran parte de los dirigentes que participaron en la marcha de cocaleros en julio de 2017, ahora son candidatos locales y regionales.